El tribunal confirma la orden de alejamiento contra los padres y advierte de posibles medidas más severas ante el riesgo para la adolescente
La Audiencia de Navarra ha confirmado la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación impuestas a los padres de una menor de 14 años, natural de Corella, a la que habrían obligado a casarse tras venderla por 5.000 euros. La decisión judicial refuerza las medidas de protección acordadas previamente por el Tribunal de Instancia de Tudela y se mantendrá, al menos, hasta que finalice la investigación del caso.
Según ha informado el medio digital Segre.com, el auto judicial advierte expresamente a los progenitores de que cualquier incumplimiento de estas medidas podría derivar en un delito de quebrantamiento de condena y en la adopción de cautelares más restrictivas, incluida la prisión provisional. Además, se les prohíbe cualquier tipo de contacto con su hija, ya sea directo o a través de terceros o medios digitales.
Los hechos se remontan a octubre del pasado año, cuando los Mossos d’Esquadra detuvieron en Mollerussa a tres personas acusadas de comprar a la menor y forzarla a contraer matrimonio con un adulto. La adolescente fue localizada mendigando a la entrada de un supermercado en Les Borges Blanques. La investigación apunta a que fue vendida por sus padres desde Navarra a una familia residente en la capital del Pla d’Urgell en enero del año anterior.
La Audiencia de Navarra señala que existen indicios claros de criminalidad contra los progenitores. Entre ellos, figura la declaración del propio padre ante la Policía Local de Corella, en la que habría reconocido la venta de su hija por 5.000 euros, así como pruebas gráficas que acreditan el matrimonio con un joven de 21 años y la situación de mendicidad en la que se encontraba la menor.
El tribunal subraya también que el hecho de que la adolescente no se reconozca a sí misma como víctima no excluye la existencia de delito. Por el contrario, aprecia un “riesgo evidente” para su integridad y recalca la necesidad de una “tutela especial de protección”, dada la posible comisión de delitos de trata de seres humanos y coacciones en el ámbito familiar.
De acuerdo con los datos recogidos por Segre, desde 2009 los Mossos d’Esquadra han tenido constancia de una veintena de casos de matrimonios forzados en las comarcas de Ponent, nueve de ellos entre personas adultas y el resto con menores de edad, lo que pone de relieve la gravedad y persistencia de este tipo de situaciones.
