El grupo sostiene que el documento contiene errores, parte de datos contables agregados y no analiza los expedientes completos, mientras la investigación judicial sigue abierta en Tudela
Alternativa Corellana Independiente ha salido al paso de las informaciones publicadas sobre el informe elaborado por la Guardia Civil en relación con la contratación municipal del Ayuntamiento de Corella durante los ejercicios 2023 y 2024, en el marco de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tudela.
Según las informaciones publicadas, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil habría detectado presuntas irregularidades en pagos realizados a más de una veintena de empresas por un importe superior a los dos millones de euros. El informe policial señala posibles incumplimientos en la utilización de contratos de menor cuantía, así como supuestos fraccionamientos de contratos en servicios y suministros municipales.
Entre los servicios citados figuran prestaciones básicas para el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento, como alumbrado público, suministro de gas, limpieza de instalaciones, conserjería o atención ciudadana. El informe también recoge que durante los ejercicios investigados la secretaria y la interventora municipales emitieron diversos informes jurídicos y reparos advirtiendo de posibles irregularidades en materia de contratación y tramitación administrativa.
La investigación judicial tiene su origen en una querella presentada por UPN contra el alcalde de Corella, Gorka García Izal, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y administración desleal.
Frente a estas informaciones, ACI ha difundido una nota de prensa en la que rechaza que del informe se desprenda responsabilidad penal alguna y defiende que, en todo caso, lo señalado vuelve a situarse en el ámbito de posibles irregularidades administrativas. El grupo recuerda que la Cámara de Comptos ya fiscalizó ejercicios anteriores de la gestión municipal sin apreciar responsabilidades penales, y sostiene que, de haberlas detectado, habría tenido obligación de ponerlas en conocimiento de la justicia.
ACI afirma que el informe de la Guardia Civil contiene “diversos errores” y que por ello se ha solicitado al juzgado un plazo para contrastar la información, poner de manifiesto las incidencias detectadas y aportar documentación municipal. Según el grupo, existen contratos que el informe considera inexistentes y que, sin embargo, estarían formalmente registrados en el Ayuntamiento.
En sus alegaciones, la defensa del alcalde sostiene que el informe parte en algunos casos de una metodología basada en la suma de facturas por proveedor, interpretando esa facturación anual como si respondiera a un único servicio o contrato. ACI considera que esta forma de análisis puede conducir a conclusiones erróneas, ya que no distinguiría entre prestaciones diferentes, servicios puntuales, distintos puntos de suministro o necesidades municipales independientes.
El escrito de alegaciones también señala posibles duplicidades, ajustes contables, registros repetidos, errores de partida e inconsistencias en los datos utilizados. Según la defensa, estas incidencias obligan a extremar la cautela sobre la fiabilidad de los importes globales recogidos en el informe.
Otro de los argumentos principales de ACI es que la Guardia Civil no habría realizado un análisis individualizado de los expedientes administrativos completos. El grupo sostiene que para valorar correctamente cada contratación sería necesario examinar contratos, informes técnicos, memorias justificativas, informes de necesidad, resoluciones y demás documentación obrante en los archivos municipales.
ACI también subraya que del informe no se desprenden indicios de enriquecimiento personal, comisiones, pagos a familiares, sociedades vinculadas ni desvíos patrimoniales. A su juicio, esta ausencia de beneficio personal refuerza la idea de que los hechos investigados, en caso de confirmarse alguna irregularidad, deberían valorarse en el plano administrativo y no en el penal.
En su comunicado, ACI critica además la actuación política de UPN y acusa a la formación regionalista de utilizar la denuncia con fines partidistas ante el próximo ciclo electoral. El grupo considera que la difusión de estas acusaciones no solo afecta al equipo de gobierno municipal, sino también a empresas y autónomos locales que llevan años prestando servicios al Ayuntamiento de Corella.
Con todo, ACI asegura que confía en que la evolución del procedimiento judicial aclare los hechos y permita desmontar lo que considera una interpretación errónea e incompleta de la contratación municipal. La causa queda ahora pendiente de la valoración del juzgado y de las nuevas alegaciones y documentación que puedan incorporarse al procedimiento.
